Gracias, presidente.

Sabemos que este pleno está siendo largo y que esta moción también lo es, pero creemos que su contenido justifica cada línea. Por eso, y para facilitar el seguimiento, no voy a leer la moción completa, que ya obra en el expediente, sino que pasaré a explicar de forma clara y resumida cuál es su objeto, qué datos la sostienen y por qué consideramos imprescindible que este Ayuntamiento se pronuncie.

La sanidad pública andaluza atraviesa una situación crítica como consecuencia de una financiación insuficiente y una falta de inversión sostenida en recursos materiales y humanos. Según los últimos datos disponibles, Andalucía sigue situándose por debajo de la media nacional en gasto sanitario por habitante, lo que repercute directamente en la calidad de la atención, el estado de las infraestructuras y las condiciones laborales del personal sanitario.

Concretamente, el presupuesto sanitario per cápita en 2024 es de 1.748 €, mientras que en comunidades como el País Vasco, Navarra o Extremadura esa cifra es notablemente superior. Hablamos de 2.308, 2.217 y 2.221 € respectivamente. El promedio estatal se sitúa en 1.937 €, lo que coloca a Andalucía como la quinta comunidad con menor inversión sanitaria por habitante, con 189 € menos que la media.

Esta desigualdad presupuestaria, unida al aumento de la derivación de fondos al sector privado, explica en gran parte la situación de deterioro actual.

Otro de los problemas estructurales es el grave déficit de profesionales sanitarios. Las ratios por cada 1.000 habitantes en el Sistema Nacional de Salud reflejan que:

• En medicina, la media estatal es de 3,7; en Andalucía es de 3,1.
  
  
• En enfermería, la media estatal es de 4,7; en Andalucía, 4,0, siendo Extremadura de 10,3.
  
  

Este déficit tiene consecuencias directas sobre la calidad asistencial: un/a enfermero/a andaluz/a atiende de media a 12 pacientes, cuando la UE recomienda entre 6 y 8. Estudios recientes apuntan que por cada profesional de enfermería menos, se producen cuatro muertes evitables al año.

Andalucía es, además, la comunidad con mayor saldo negativo de personal de enfermería: en 2023 salieron 1.937 profesionales más de los que entraron.

Si tomamos como referencia la media nacional, nuestra comunidad necesita sumar 5.400 médicos y médicas, 5.900 enfermeros y enfermeras y 6.500 profesionales de otras categorías. En total, unos 18.000 profesionales adicionales para igualar el estándar estatal.

Las listas de espera también reflejan el colapso del sistema: en lista de espera quirúrgica, Andalucía es la segunda comunidad con mayor tiempo medio (176 días frente a los 126 de la media), y la que presenta mayor proporción de pacientes esperando más de 6 meses (33,4%). Para consultas con especialistas, somos la tercera comunidad con mayor tasa de pacientes en espera y la segunda con mayor tiempo medio (150 días, 45 más que la media).

Las retribuciones del personal sanitario están también entre las más bajas del país, lo que dificulta atraer y retener talento, especialmente en zonas rurales o de difícil cobertura.

A ello se suma el incumplimiento de los pactos firmados. En mayo de 2023, la Junta se comprometió a contratar a 2.416 profesionales en Atención Primaria y a mejorar la carrera profesional. En abril de 2025, deberían haberse cubierto al menos 1.388 plazas, pero solo hay constancia de 450. Tampoco se ha aplicado lo acordado en carrera profesional, lo que perpetúa la brecha salarial.

A todo esto se suman otras graves deficiencias:

• Una desigualdad territorial evidente en la asistencia urgente y emergente, agravada por el retraso de más de tres años en la negociación del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias.
  
  
• El colapso de la atención en salud mental.
  
  
• El vaciamiento progresivo del modelo de Atención Primaria, convertido en fábricas de recetas por la saturación, la falta de recursos comunitarios y la burocratización excesiva.
  
  

Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.- Instar a la Junta de Andalucía a que incremente el presupuesto destinado a la Sanidad Pública hasta alcanzar, como mínimo, la media nacional de inversión por habitante, garantizando su uso dentro del sector público para que este sea dotado con una financiación suficiente y equitativa.

2.- Instar a la Junta de Andalucía a mejorar las retribuciones del personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, de manera que se igualen progresivamente a la media nacional, dignificando así su labor y reconociendo su compromiso con la salud de la ciudadanía.

3.- Exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento íntegro de los pactos, acuerdos y compromisos firmados con las organizaciones representativas de los profesionales sanitarios.

4.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud y Consumo, al Parlamento de Andalucía, así como a las organizaciones sindicales y profesionales del ámbito sanitario.

1º INTERVENCIÓN.

Presentamos esta moción porque la sanidad pública andaluza está en una situación límite. Y no lo decimos solo nosotras: lo denuncian profesionales, sindicatos, plataformas ciudadanas y las propias cifras oficiales. Esta moción nace del trabajo conjunto de profesionales y organizaciones comprometidas con la sanidad pública, como Marea Blanca, SATSE, CSIF, CCOO y UGT. Tiene un objetivo muy claro: denunciar el deterioro progresivo que está sufriendo el sistema sanitario andaluz y exigir medidas urgentes a la Junta de Andalucía para revertirlo.

Andalucía sigue por debajo de la media estatal en inversión sanitaria. El gasto por habitante en 2024 es de 1.748 euros, como hemos dicho, casi 200 menos que la media nacional y más de 500 menos que comunidades como el País Vasco. Esta diferencia no es solo una cuestión presupuestaria: son pacientes que esperan, profesionales que no llegan, y barrios enteros sin una atención digna.

Las listas de espera lo confirman: 176 días de media para una operación, con un tercio de los pacientes esperando más de seis meses. Para una consulta con un especialista, 150 días. Y mientras tanto, seguimos escuchando que todo va bien.

El problema no es nuevo, pero tampoco inevitable. Tiene causas concretas: recortes, desvío de fondos a lo privado, y una política sanitaria que, en lugar de reforzar lo común, lo deja languidecer para después justificar su externalización. Ese es el guion. Lo conocemos de sobra.

La falta de personal también es alarmante. Como ya hemos dicho, Andalucía necesita más de 18.000 profesionales sanitarios solo para igualar la media estatal. Y sin embargo, la Junta incumple incluso los acuerdos que firma: como el de 2023, en el que prometió contratar a 2.416 personas para reforzar la atención primaria. Dos años después, apenas se ha cubierto el 18% de esas plazas.

Mientras tanto, los centros de salud están colapsados, las urgencias tensionadas, y la salud mental completamente desbordada. La atención primaria, que debería ser el pilar del sistema, se ha vaciado de recursos y convertido en una fábrica de recetas.

Y frente a esto, lo que nosotras pedimos no es ninguna heroicidad. Es voluntad política. Que se invierta lo justo, que se dignifiquen los salarios, que se cumplan los pactos, que se deje de mentirle a la ciudadanía con titulares vacíos mientras se desmantela lo esencial.

Porque el deterioro de la sanidad pública andaluza no es una consecuencia accidental ni un problema de gestión. Es una estrategia. Una hoja de ruta bien diseñada para convertir un derecho en un negocio. El Partido Popular no está siendo ineficaz, está siendo eficaz para los suyos: para las grandes clínicas privadas, para las mutuas, para quienes ven en la salud un nicho de mercado.

Y no hablamos de teorías: hablamos de nombres concretos como Quirón. Hablamos de cifras maquilladas para inflar el número de pacientes atendidos por la privada, de precios hinchados en pruebas derivadas, de contratos opacos. Se extrae dinero público para alimentar beneficios privados, a cambio de un servicio peor, más segregador y, en muchos casos, indigno.

Y lo peor es que todo esto cuesta vidas. Aleja a la clase trabajadora de un servicio que antes era universal, gratuito y eficaz. La gente que puede permitírselo empieza a buscar fuera lo que la pública ya no ofrece, y las aseguradoras lo saben: les ofrecen pólizas low cost, recortes encubiertos. Pero cuando el tratamiento es caro o el paciente deja de ser rentable, lo derivan de nuevo al sistema público que han contribuido a desmantelar.

Las consecuencias están a la vista: menos personal, peor pagado, más presión asistencial, más agresiones a sanitarios y más desesperación en las salas de espera.

No hay excusas. No se puede culpar al gobierno central mientras se permite la fuga de profesionales, se cierran servicios o se premia al sector privado con contratos millonarios. Porque defender lo público no es un discurso de campaña: es una decisión política diaria.

Por eso traemos esta moción. Porque no podemos permitir que se normalice la precariedad en algo tan fundamental como la salud. Porque la sanidad pública es una conquista que costó décadas y que no estamos dispuestas a perder en silencio. Porque la defensa de lo común no se delega: se ejerce.

Eso es lo que nos trae hoy aquí: la defensa firme de un derecho que no puede seguir degradándose sin respuesta. Esta no es la primera moción que este grupo presenta para defender la sanidad pública, y lamentablemente, no parece que vaya a ser la última. No pararemos de señalar los fallos, exigir responsabilidades y proponer soluciones hasta que esta situación se revierta. Porque creemos firmemente que la salud no puede depender del código postal ni del bolsillo de nadie.

2ª INTERVENCIÓN

Queremos dejar algo claro: en materia de sanidad, la responsabilidad es de quien tiene las competencias. Y en Andalucía, la tiene la Junta.

Si esta comunidad está a la cola en inversión sanitaria, si se incumplen pactos, si los centros de salud colapsan y los profesionales se marchan, no es culpa de Madrid.

Lo que pedimos no es confrontación entre administraciones, sino responsabilidad. Que cada institución haga su trabajo. Que no se usen los problemas de la sanidad como arma política mientras se permite su deterioro.

La sanidad pública no se defiende con excusas ni con titulares, sino con inversión en lo público, con condiciones dignas y con voluntad política.

Si tan bien van las cosas, señora Moreno, explique a los nuevos sanitarios porqué se tienen que ir de Andalucía, explíquele a mi madre con cáncer de mama porqué no le llaman, a mi padre trasplantado porqué su médico no le ve. Explíqueme porqué tengo cita en atención primaria para dentro de 20 días. ¿Será que mi familia tiene mala suerte?

El “y tú más” ya no funciona y hasta su socio preferente se lo dice.

Por eso seguiremos exigiendo. Porque no hay nada más urgente ni más justo que cuidar de lo común.