Primera intervención

Si antes hablábamos del cénit de la educación pública, lo hacemos ahora de todo su conjunto, de su papel social, cohesionador y, hay que decirlo, ideológico.

Para ello, y con su permiso, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio de memoria. Vayamos a clase de Historia, y aprovechando que ayer fue el aniversario de la II República, veamos cómo se ha tratado políticamente esto de educar a nuestras pequeñas y pequeños. Quizá crean que esto de la educación pública es algo de toda la vida, pero es tan reciente como 1812 y la Constitución de Cádiz, que se la toma como asunto de Estado, entendiendo que el modelo de que estudien los que puedan, es decir, los que puedan permitírselo, es incompatible con una democracia. Este principio es tan revolucionario que ni siquiera Primo de Rivera se atreve a tocarlo. La Segunda República ahonda en el mismo, intentando anclar el ideario de la Institución Libre de Enseñanza y la Escuela Nueva. Pública, laica, sin segregación de sexos, gratuita, obligatoria, aquella escuela hubiera podido desplegar una España ilustrada, preparada, competitiva ante el mundo. No tuvo oportunidad. Ya antes de la guerra, los partidos de centro-derecha paralizaron muchas de las reformas propuestas, y con la Guerra Civil y la dictadura siguiente, todo se fue al traste. 

La escuela franquista es, evidentemente, la eliminación de la obra educativa de la Segunda República, la difusión de los principios ideológicos de los vencedores, implementar un ideario pedagógico nacionalcatolicista y la depuración del magisterio a quien no fuese afín a las ideas del régimen. Ya saben, educar a generaciones enteras de españoles con la idea de que Franco fue caudillo por la gracia de Dios y que vino a salvar a la patria de los peligrosos rojos comunistas judeomasónicos.

La instauración de la democracia trae consigo que además de un asunto de Estado, la educación se convierta en un asunto de partidos, y desde 1980 se redactan y aprueban ocho leyes distintas que, progresivamente, la convierten en un «y yo más y mejor». Palabras como excelencia, calidad, eficiencia, racionalización comienzan a aparecer en los textos legales, quedándose por el camino los principios rectores que deben regir la educación: valores personales y colectivos, civismo, sentido crítico, libertad, autonomía, responsabilidad, comprensión. En una palabra, ciudadanía. Ya ven, volvemos a la República.

Volviendo de la clase de Historia, es de rigor comprender que la escuela pública no es un negocio, ni un bien de mercado, ni una granja ideológica de pollos, ni una fábrica de piezas del mercado laboral, ni unos cursos de catequesis. Siendo la escuela un lugar por el que todos los aquí sentados, gracias al artículo 27 de la Constitución Española, hemos pasado, debemos volver a cuando éramos estudiantes y recordar por un momento qué queríamos para nuestro futuro y aplicar ese convencimiento personal a lo que queremos para nuestras hijas y las hijas de los demás. 

El ascensor social comienza en la escuela y esta es determinante para las futuras oportunidades individuales y, por tanto, colectivas. El futuro de un país son sus generaciones más jóvenes y lo brillante que sea éste será directamente proporcional a la calidad de su sistema educativo, y en eso, los tan famosos países nórdicos llevan décadas dando buena muestra. Nos podemos tirar de los pelos año tras año con los informes PISA, que mientras no situemos la educación de nuestra sociedad como un verdadero asunto de Estado y nos la tomemos en serio, seguirán empeorando, y la calidad de nuestra democracia, con ellos.

Segunda intervención

Si antes me fui a la clase de Historia, me gustaría sacar un botón del cajón y mostrar como ejemplo lo que unas políticas de recorte del gasto en educación pública pueden llegar a constituir. Hablo de lo que viene ocurriendo en el IES Antonio de Ulloa, más concretamente en su FP, donde ven cómo el desinterés de la Junta, que es la que es competente, hacia un modelo público de calidad, se traduce como riesgos reales para la vida de los estudiantes. Quizá crean que exagero a decir «riesgo real para la vida» pero invito a los grupos políticos que tan a pecho se han tomado esta moción a pedir cita con el director del centro y conocer la problemática de primera mano. Si ya la conocen, les invito directamente a hacer examen de conciencia.

El ejemplo del Antonio de Ulloa, donde cables eléctricos conviven con goterones los días de lluvia, donde las máquinas de hierro y el calor convierten el aula en una sauna (ya ha habido golpes de calor), donde estas mismas máquinas de hierro y el frío del invierno la hacen una nevera (cuatro grados a las diez de la mañana, doce a la una) en la que han de estudiar seres humanos, donde un incendio puede convertirla en una ratonera. Para que vean que no solo soy yo la exagerada, los inspectores de seguridad que han pasado por allí han afirmado que, de ser un centro de trabajo, no solo estaría clausurado, sino precintado y los dueños en juicio o en la cárcel.

La solución de la Junta a todo esto es paciencia, receta mágica de quien, mientras, desvía millones a la privada, en la misma cadena de desmontaje que vivimos en la sanidad. La suerte de la derecha es que no existen grandes grupos educativos con nombre molón como Asisa o Quirón, y por ello las noticias son menos feas. La realidad, sin embargo, es fea y asusta.