Puntos 2 y 3. Aprobación correcciones materiales de Modificaciones Puntuales de planes Parciales de Ordenación (107 y 108, referidos a los Cáñamos 2 y 3)
Buenos días, rinconeras y rinconeros, presentes y en las ondas
Visto que se trata de la corrección de errores material en la redacción y que no afectan en la ejecución, y vistos los informes preceptivos, estamos de acuerdo con la aprobación de estos puntos.
Punto 4. Aprobación del Proyecto de Actuación de actividad extraordinaria en suelo rústico
Tal y como hemos solicitado en Junta de Portavoces, pedimos al Pleno dejar sobre la mesa este asunto por las dudas generadas en torno a la seguridad jurídica del mismo, teniendo en cuenta, sobre todo, las reservas mostradas por técnicos de esta casa. Al respecto, y frente al informe técnico enviado por la Secretaría Técnica, creemos que es de mayor peso los asientos recogidos en el BORME, que hablan de actividad y cuentas presentadas desde hace casi nueve años, con domicilio en la finca afecta y actividades similares a las declaradas como nueva actividad. Insistimos en dejar sobre la mesa este asunto para tener una seguridad jurídica total, en un tiempo que no daña las pretensiones empresariales. De no ser así, me temo que nos vemos impelidos a votar en contra de la aprobación de este punto.
Segunda intervención.
Aún así, tenemos las suficientes reservas jurídicas y medioambientales al respecto, por lo que nuestro sentido no puede ser otro que el no.
Punto 5. Aprobación del acuerdo para aprovechamiento de energía, en régimen de autoconsumo, en el seno de la Asociación CEL Toda Sevilla y el Ayuntamiento de La Rinconada.
Perseguir un mayor autoconsumo, potenciar las comunidades energéticas y controlar el precio de la electricidad es la senda de decrecimiento en el consumo desaforado y la responsabilidad en la sostenibilidad del plante que muchas asociaciones y expertos vienen recomendando desde hace bastante tiempo, por lo que, sin abundar más en algo sobre lo que debe existir un consenso claro, y es que no tenemos recursos infinitos, votamos a favor de la aprobación de este aprovechamiento de energía en el seno de la Asociación CEL Toda Sevilla.
Punto 6. Aprobación definitiva de las propuestas a incluir en la memoria descriptiva ampliada del Plan Más Sevilla, municipio de La Rinconada.
Como ya hemos hablado en otras ocasiones, este Plan es lo suficientemente abierto para permitir un trabajo más plural que refleje todas las sensibilidades a la hora de percibir cuáles son las necesidades y aportar las distintas soluciones al respecto.
Obviamente, en nuestra opinión, hay propuestas que no terminan de convencernos, como puede ser la instalación de más cámaras de videovigilancia, algo sobre lo que ya hemos manifestado nuestra opinión, pero que, considerando que existen más propuestas positivas que negativas y dada la posición manifestada por el equipo de gobierno en el trabajo conjunto, acordado en el debate sobre los presupuestos, vamos a dar nuestro voto de confianza, esperando que sea correspondido a la mayor brevedad.
Punto 7. Declaración institucional “8 de Marzo”, con motivo del Día de la Mujer
Le pese a quien le pese, es obvio manifestar que, en los últimos años, el feminismo se ha demostrado la fuerza social más radical y con mayor capacidad de transformación. Con Podemos al frente del Ministerio de Igualdad, los avances en derechos para las mujeres han sido evidentes y reconocidos en todo el mundo, ocupando España hoy el cuarto lugar del Índice del Instituto Europeo de Igualdad de Género gracias a conquistas como la reforma de la ley de aborto, la aprobación de la llamada ley del solo sí es sí y de la ley trans o la cuadruplicación del presupuesto destinado a estas políticas. En definitiva: el feminismo ha dominado la agenda política, por primera vez, también desde las instituciones.
Y como viene ocurriendo históricamente, frente a estas victorias que han conseguido frenar el avance del fascismo y de los movimientos más reaccionarios al ofrecer una alternativa de concepción del mundo basada en la justicia social y de género, la derecha y la extrema derecha no pueden sino declararse, sobre todo, antifeministas. Así, es preocupante ver cómo incluso un acuerdo de mínimos como lo fue el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del año 2017 se rompe porque las políticas contra las violencias machistas y a favor de la igualdad se han convertido en la diana de los ataques del conservadurismo político, mediático y judicial a pesar de que éste sigue siendo un problema estructural de primer orden. Así lo demuestran los datos del Gobierno: la violencia machista afecta a una de cada dos mujeres en España y casi una tercera parte de las mayores de dieciséis años en el país ha sufrido violencia física por parte de hombres. En total, en los últimos 20 años, el machismo ha asesinado a 1.243 mujeres, rompiendo el año 2023 la línea descendente de casos iniciada en 2019. Las violencias machistas, además, se manifiestan de muchas formas más allá de los feminicidios, que ocupan la punta del iceberg: la violencia sexual, vicaria, económica y laboral, la violencia obstétrica, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, la violencia racista y xenófoba, el capacitismo y la gordofobia, la violencia digital; Todas estas violencias se ejercen contra las mujeres por el hecho de serlo. Es preocupante que, ante esta realidad, desde los escaños se haga apología de la desigualdad: negar el machismo es una irresponsabilidad democrática.
En 2022, el Ministerio del Interior registró cerca de 15.000 agresiones sexuales y 4.270 violaciones. Según el Instituto de las Mujeres, casi siete de cada diez jóvenes de entre 18 y 25 años ha recibido comentarios sexistas en espacios públicos, casi la mitad ha recibido imágenes o comentarios sexuales a través de redes sociales y más de un 36% ha sufrido tocamientos no consentidos. Además, el 61% de las mujeres jóvenes en España ha tenido miedo de que alguien ejerciera algún tipo de violencia sexual sobre ellas en espacios públicos y el 42% ha sentido temor en lugares de ocio nocturno. Sin olvidarnos de que las víctimas de trata con fines de explotación sexual son más del 90% mujeres. Poniendo el foco en La Rinconada, no podemos obviar a las 90 mujeres que, actualmente, son protegidas por el sistema VIOGEN en nuestro municipio. A pesar de estos datos, algunas fuerzas políticas defienden que, si no hay violencia física, no hay violencia sexual. Sin embargo, la repercusión de un caso como el de Jenni Hermoso es prueba de que existe un consenso social a la hora de gritar alto y claro que se acabó y que, cualquier acto sexual no consentido es agresión.
Una sociedad libre de violencias machistas será, además, una sociedad libre de LGTBIfobia. Con la ultraderecha en las instituciones y, en consecuencia, la normalización de los discursos de odio que la avalan, esta violencia viene experimentando un preocupante repunte. Según informes del Ministerio del Interior, en 2021, los delitos por orientación sexual o identidad de género fueron la segunda causa de delitos de odio en España, y la que más crece: los incidentes denunciados fueron 477 frente a los 277 de 2020. En resumen, uno de cada cuatro delitos de odio en España son contra personas LGTBIQA+, especialmente, contra las personas trans e intersex.
Por último, es imprescindible reclamar los cuidados como un derecho de la ciudadanía y una responsabilidad de las administraciones. Y es que, en el sistema en el que vivimos y con las estructuras que lo sostienen, incluida la guerra, la vida sigue sin estar en el centro, ni la nuestra y ni la del planeta.
Punto 8. Moción Grupo Municipal Socialista sobre una Financiación Justa y Suficiente para las Corporaciones Locales
Dicho en claro, para la gente de la calle, hablamos de más dinero para la institución que gestiona las políticas más cercanas, precisamente, para hacer política para los vecinos.
Una financiación justa y suficiente, o dicho en plata, dennos lo que nos corresponde para dimensionar la importancia fundamental de los ayuntamientos como pilares del Estado, responsables de abordar los problemas más cercanos a la ciudadanía.
Hacemos hincapié en el incumplimiento flagrante de la PATRICA por parte del Gobierno autonómico, que ha dejado a la mayoría de los municipios en una situación financiera tensionada, incapaces de satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes sin incurrir en recortes de otras políticas municipales. Debemos recordarle al PP que la ley, aprobada en 2010, establece la asignación de fondos por parte de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos, fondos que hasta la fecha no han sido entregados en su totalidad.
Este incumplimiento por parte del Gobierno andaluz es aún más preocupante en un momento en el que los municipios se enfrentan a múltiples retos, desde la crisis económica derivada de la pandemia, hasta la escalada de precios causada por la inflación y la crisis energética. Los ayuntamientos, como entidades más cercanas a la ciudadanía, son fundamentales para mitigar estos impactos y garantizar el bienestar de sus habitantes.
La crisis económica y social derivada de la Covid ha aumentado las necesidades de la población, por lo que la falta de financiación adecuada para los municipios es inaceptable. Mientras tanto, el aumento de las transferencias estatales a la Junta de Andalucía contrasta con la disminución del peso de la PATRICA en el presupuesto total, lo que refleja una clara falta de compromiso con la autonomía local.
Es urgente que el Gobierno de la Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones Con estos fondos, los ayuntamientos podrían llevar a cabo programas de empleo, mejorar la infraestructura pública y promover la cohesión social en sus comunidades. El Partido Popular debe cumplir con lo establecido en la Ley PATRICA y garantizar la financiación adecuada de los municipios andaluces, tal y como establece el Estatuto de Autonomía.
Es hora de que la Junta de Andalucía asuma su responsabilidad y proporcione a los ayuntamientos los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones hacia la ciudadanía.
Exigimos al Gobierno autonómico que tome medidas inmediatas para solucionar esta situación y trabajar en colaboración con los ayuntamientos para encontrar soluciones efectivas.
La justicia financiera es fundamental para construir una Andalucía próspera y equitativa, donde todos los municipios tengan la oportunidad de mejorar y ofrecer más calidad de vida a sus ciudadanos.
Punto 9. Moción Grupo Popular de Apoyo a los Agricultores y Ganaderos en Defensa de Mejoras del Mundo Rural
El sector agrario de España se unió la semana pasara a la oleada de protestas y movilizaciones que se están llevando a cabo en varios países europeos como Francia, Alemania o Bélgica, en la que los agricultores han salido a las carreteras para pedir soluciones para el sector.
Los agricultores reclaman un plan de choque que mejore sus condiciones ante la situación que sufren debido a los bajos precios, las cargas burocráticas cada vez más altas a los profesionales y las consecuencias de la emergencia climática. Para ello, reivindican también la paralización de los tratados de libre comercio impuestos por la Unión Europea, el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria aprobada la pasada legislatura y soluciones inmediatas frente a las consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania.
La situación del sector agrario y ganadero en nuestro país se ha visto agravada por las consecuencias de la crisis climática y de los tratados de libre comercio que permiten una competencia desleal hacia nuestras producciones siendo siempre la actividad agroganadera moneda de cambio frente a otros sectores más industrializados.
La agricultura y la ganadería es un sector estratégico que no podemos dejar exclusivamente en manos de fondos de inversión y del agronegocio que se rigen exclusivamente por la maximización del beneficio económico. La agricultura y ganadería familiar es indispensable no sólo para producir alimentos de calidad sino también para mantener nuestro medio rural vivo, nuestros paisajes y nuestra biodiversidad adecuadamente conservados y gestionados. Por ello nuestra política agraria debe priorizar el modelo de agricultura familiar y social que hasta ahora ha sido la columna vertebral de los sistemas agroalimentarios europeos.
La soberanía alimentaria y la agricultura social y sostenible como sector estratégico debe tener un peso fundamental en las futuras políticas públicas, tanto por las consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo con la emergencia por sequía, como por la pauperización de la mayoría social del sector agroganadero a favor de los beneficios de la ganadería y la agricultura industrial extractivista en manos de fondos de inversión y agronegocio.
Todo esto puede parecer que está alineado con los que propone el Partido Popular en su moción, pero sólo hay que ver que no se hablar del cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, ni de un reparto más justo de la PAC, sino de un incremento indiscriminado de la misma. Esto es relevante por cuanto el 80% de esta ayuda la perciben solo el 20% de los agricultores, dándose una concentración desigual que pone sobre las cuerdas a pequeños y medianos productores, obligándoles, en muchas ocasiones a vender a pérdidas o dejar que el producto se pudra sin recoger.
No es posible que sobre este asunto se utilice la brocha gorda, desviando toda la atención sobre unas políticas comunitarias, que sí, son parte del problema, pero cuyo cambio no aporta toda la solución. Exigir a terceros países el respeto de las reglas fitosanitarias y laborales exigidas en la Unión Europea también es exigir a los grandes productores y cadenas de distribución que cumplan con estas reglas, al igual que con una distribución más justa de las cargas de producción que se pueden observar en el diferencial entre precios de origen y de consumo.
Estas son nuestras razones para, apoyando sin ninguna duda al sector primario y a las gentes que lo componen, votar en contra de una moción, presentada por el partido popular, que busca generar una ganancia extra para parte del sector, haciendo por el camino proselitismo político.
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