Intervención realizada en el Pleno Ordinario de 20 de noviembre de 2023

1ª Intervención

«Problemas técnicos». Son palabras de Bonilla en sede parlamentaria. La mayoría de la gente puede pensar que se trata de que el pobre informático de la Junta ha metido la pata, ha comprado un servidor demasiado chico y claro, ante la avalancha de solicitudes, se ha caído y se han perdido los datos. Si este fuera el caso, de lo primero que tendría que hablar Bonilla es de un plan de modernización de la burocracia de la Junta, pero claro está, luego tendría que explicar por qué se permite aprobar una estrategia de inteligencia artificial y decir que Andalucía está a la vanguardia en el ámbito ¡europeo! en el uso de la tecnología.

No obstante, es cierto que hay problemas en el servidor. No en el informático, sino en el servidor público, es decir, en Moreno Bonilla. Es cierto que tiene un problema técnico: técnicamente es incapaz —de casta le viene al galgo el ser rabilargo— de comprender que la vivienda no es un bien de mercado, es un derecho constitucional.

La excusa de Bonilla es falaz, pero es moderada. No se puede permitir compararse, como Ayuso, con Cataluña, no vaya a ser que los andaluces migrados recuerden sus raíces; y no puede tirar de chulería madrileña dado que intenta encarnar algo que al PP le falta, moderación. En esta moderación del PP a Bonilla no se le ocurre decir lo mismo que dijo el otro gran moderado del partido, su presidente, que se atrevió a decir que la Ley de Vivienda —que dibuja un mapa de zonas tensionadas en toda España— es dañina y una claudicación ante los okupas. Bueno, no nos puede sorprender dado que nosotros mismos hace dos días éramos piojosos y perroflautas.

Decimos que es moderada, pero solo en sus formas, en sus discursos, en la contención de sus maneras, que no en la aplicación de sus políticas, o en el efecto de las mismas, que en ambos casos es extremo. Extremos son los recortes y trabas en sanidad —aunque disparen hacia fuera—, extremos son los recortes y trabas en educación, extremos los recortes y trabas en vivienda. Discúlpenme, craso error mío. En todos estos apartados, derechos, se me ha olvidado señalar «públicos». El PP no tiene problema en invertir, cuanto haga falta, en sanidad, educación o vivienda, siempre que ésta sea privada, o en esto último que se escucha tanto de público-privada, que es como lo de los concertados: si podemos cobrar por debajo, eso que nos llevamos.

Anda el PP estos días diciendo que España —por enésima vez— se rompe y que si ahora existen dos clases de españoles. Sus concejales nos lo explicaron aquí con motivo de la moción presentada a cuenta de la Amnistía. Les hicimos un ejercicio de memoria entonces y se lo volvemos a brindar ahora: España sí se rompió —no se acostumbren a que les demos la razón— el día en que una ley fue aprobada en el Congreso, sancionada por el Rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Hablamos de la infausta Ley del Suelo de 1998, responsable, como ya ocurriera en el 56, de dejar sin instrumentos de control a ayuntamientos y comunidades. Todo lo que baña la luz del sol es urbanizable, venía a decir dicha ley. Y hecha la ley —una ley a la que el Tribunal Constitucional ya había pegado un palo un año antes, al anular prácticamente todo el contenido de la menos moderada Ley de medidas liberalizadoras en materia de Suelo—, hecha la trampa. Dado que la sentencia abría un hueco: dar barra libre a comunidades y ayuntamientos, el gobierno popular del señor Aznar lo tomó y amplió la veda. El resto, como ya sabemos, es historia: una burbuja de tales dimensiones que tomó diez años que estallara, que posibilitó que se alquilaran zulos por 1500 euros, que dejó sin trabajo a más de 4 millones de personas y que originó el drama de los desahucios, todo ello sin hablar de los profundos efectos en el sistema bancario español —ese que no hubo que rescatar—, y el extenso vocabulario que los ciudadanos adquirimos durante ese tiempo: prevaricación, especulación inmobiliaria, caída salarial, prima de riesgo, desrepresentación y otros tantos. Les dijimos que no se acostumbraran a que les diéramos la razón.

2ª intervención

Hecha la labor de memoria, hablemos de porqué hay que apoyar esta moción y aunque las razones de oposición se han dado anteriormente, hablemos de las razones positivas, que no son otras que 14.000 jóvenes con derecho a vivienda. Un derecho constitucional, repito, constitucional, que estos días se habla mucho de la Constitución, pero no tanto de su aplicación efectiva en el día a día de la gente. Un derecho constitucional, como digo, que recuerda que la vivienda no es un bien de mercado —como tampoco lo son la salud, los sueldos, el agua, la educación o el vientre materno. Estos perroflautas intervencionistas que vivieron por encima de sus posibilidades les avisan: este país no puede permitirse otra burbuja, este país no puede seguir soportándose sobre las espaldas de nuestros abuelos, de sus pensiones. Este país no puede permitirse hablar de minipisos para referirse a despachos o trasteros reutilizados a precio de oro molido. Este país no puede perder otra generación de grandes talentos convertidos en camareros en Alemania. Este país no puede perder a más padres defenestrados y trinchados por las verjas de aquellas que fueron un día sus casas, sus santuarios. Este país no puede volver a tirarse por el precipicio social. No se nos ocurren mejores razones para apoyar el acuerdo de la moción que presenta el grupo socialista.

Y añado: sí, Sra. Moreno, esta ayuda va a llegar a los jóvenes, pero no porque el PP haga nada, sino porque nosotros y la sociedad civil seguiremos peleando.